Luis Alberto Comba

Tributarista

En 2020 se desarrolló en el mundo, en nuestro país y en la provincia, un proceso extraordinario e inédito (para este siglo), que generó -y aún está en proceso de avance- consecuencias devastadoras para muchos sectores de la sociedad. A la pérdida de tantos seres humanos, se le suma la existencia de cuantiosos quebrantos económicos. Hay empresas, en el sentido amplio del término incluyendo hasta las micro pymes, que “han caído” frente a todo lo que sucedió. El cierre de negocios y la pérdida de empleos fue extraordinario.

La dirigencia política tuvo que tomar decisiones para enfrentar cosas desconocidas. Y en este punto, en Tucumán, tenemos un problema. Los auxilios fiscales que la política intentó dar como solución -en estos momentos se encuentra vigente un plan de regularización- copiaron viejas prácticas. Que pueden haber servido en épocas más normales, pero no se ajustan a la realidad de estos tiempos.

Posiblemente quienes redactan las normas no vivieron en carne propia las consecuencias económicas de esta crisis. Los empleados públicos continuaron normalmente percibiendo sus haberes y aún, en muchos casos, sin trabajar. El tele trabajo no funciona en todas las reparticiones de la misma forma. Evidentemente sectores como los organismos de recaudación tuvieron que hacer un gran esfuerzo de personal para acompañar a los contribuyentes con las respuestas al “quédate en casa”. Pero muchos otros lo vieron…por TV…

Se podrá decir que el Estado ayudó también a los privados a pagar los sueldos (programa nacional de ATP en el 2020, el REPRO hoy), pero lo hizo parcialmente, pues no todos se beneficiaron y solo contribuyó con una parte. Lo absurdo será que después les cobrará impuesto a las ganancias por ese paliativo.

Posiblemente quienes diseñan ayudas de naturaleza fiscal, lo hacen desde el cómodo pensamiento de la acreditación normal de sus sueldos. En el presente y en el futuro. Por eso las normas que se dictan siguen plagadas de vicios ajenos a la realidad actual, con un desconocimiento que no debería suceder en esta época extraordinaria.

Para entender el tema. El plan de regularización sigue cobrando multas, incluso para las no aplicadas aún, lo que indica la presencia de una sanción que hasta es presunta (justamente porque la conducta no se juzgó). Se llega al absurdo de sancionar conductas por las cuales ni siquiera se había notificado sumario. Realmente castigar en esta época a los contribuyentes que no pudieron pagar, aplicándole multas, aun reducidas, dista de reconocer la realidad. Una práctica enquistada en la Provincia que solo tiene un fin recaudatorio.

También se condicionan los beneficios, al exacto y estricto cumplimiento futuro de las obligaciones, lo que de por si ya es una cuestión controvertida en épocas normales, porque las causas de eventuales incumplimientos pueden ser numerosas y los conflictos que se generan son eternos, donde siempre gana la norma, o sea la administración, o sea la recaudación.

Pero hacerlo en esta época es un despropósito alejado de cualquier conocimiento de la realidad. Ningún empresario sabe “que le depara el destino en esta crisis”. Ni siquiera conoce si podrá trabajar. Y condicionar los beneficios que se otorgan, con la consecuencia de perder todo lo que se obtuvo, al cumplimiento perfecto futuro es un despropósito.

Los funcionarios que dictan y asesoran en normas fiscales lo deben hacer en esta época “desde la calle” y no en “desde sus escritorios, o aun en sus casas”. La provincia necesita otras medidas de ayuda. Concebidas para una época de pandemia.